Congreso aprueba por insistencia aumento de pensiones a docentes jubilados, pero su aplicación aún no es definitiva

 

Lima, marzo de 2026. El Congreso de la República del Perú aprobó por insistencia una autógrafa de ley que busca garantizar una pensión equivalente a la primera escala de la Carrera Pública Magisterial para docentes jubilados y cesantes, reabriendo el debate nacional sobre justicia social y sostenibilidad fiscal.

La medida fue respaldada con 82 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones, luego de que fuera previamente observada por el Poder Ejecutivo del Perú debido a su impacto económico. La aprobación por insistencia permite al Parlamento insistir en la norma pese a las objeciones del Ejecutivo.

Según información oficial del Congreso, la propuesta establece que las pensiones se equiparen a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial, que actualmente asciende a aproximadamente S/ 3,300. De concretarse, la medida beneficiaría a más de 162,000 docentes jubilados en todo el país.

No obstante, la norma aún no cuenta con evidencia pública de haber sido promulgada y publicada en el Diario Oficial El Peruano, paso necesario para su entrada en vigencia. Por ello, especialistas advierten que su implementación efectiva dependerá de los procedimientos formales y de la disponibilidad presupuestal del Estado.

Durante el debate, se señaló que el costo fiscal de la medida podría superar los S/ 4,000 millones anuales, lo que ha generado preocupación en el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, entidad que ha reiterado la necesidad de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Mientras tanto, sectores del magisterio consideran la decisión como una reivindicación histórica, tras más de dos décadas de demandas por mejores condiciones pensionarias.

El caso evidencia una tensión recurrente en la política peruana: la necesidad de atender demandas sociales legítimas frente a las limitaciones fiscales del Estado. La definición final de esta medida marcará un precedente en la política previsional y educativa del país.