Puno necesita orden, no más bloqueos ni abusos

Aldo Zanabria

Hoy fue un día más en Puno. Un día como muchos otros en el que miles de puneños se levantan temprano para trabajar, luchar por sus familias y llevar un plato de comida a sus hogares. Esa es la realidad de nuestra gente: esfuerzo diario, trabajo constante y la esperanza de salir adelante con dignidad.

En el Perú, más del 70 % de la población económicamente activa trabaja en la informalidad, lo que significa que gran parte de la población depende del ingreso diario para sobrevivir. Cuando una ciudad se paraliza, cuando se bloquean calles o se interrumpe la movilidad, quienes más sufren no son los grandes grupos económicos ni el Estado; quienes sufren son las familias que viven del trabajo del día a día.

Sin embargo, hoy nuevamente la ciudad apareció prácticamente secuestrada por conflictos que terminan perjudicando a los propios ciudadanos. Por un lado, el desorden del transporte urbano, donde algunos transportistas pretenden subir el pasaje sin mejorar el servicio. Por otro lado, bloqueos y presiones que afectan el comercio, la movilidad y el turismo.

Pretenden cobrar más como si ofrecieran un servicio digno, cuando la realidad muchas veces muestra lo contrario: unidades en malas condiciones, conducción peligrosa, falta de respeto a las normas de tránsito y un trato deficiente hacia los usuarios. No se respeta al peatón, no se respeta a los conductores particulares y muchas veces tampoco se respeta la convivencia básica en la ciudad.

Pero el problema no termina allí. Cuando las calles se bloquean, cuando se presiona a comerciantes, cuando se amenaza a quienes simplemente quieren circular o trabajar, el daño se multiplica. Puno vive del comercio, del turismo y del trabajo diario de su gente.

Antes de la pandemia, el Lago Titicaca recibía más de 300 000 turistas al año, generando empleo para transportistas, hoteles, restaurantes, guías turísticos y comerciantes. Cada día de paralización, cada conflicto que genera inseguridad o mala imagen, afecta directamente a esa economía que sostiene a miles de familias puneñas.

Recuerdo una frase que alguna vez dijo el expresidente Alan García, refiriéndose a este tipo de protestas: “Que hagan sus huelgas, que bloqueen sus carreteras… ¿cuánto tiempo soportarán? Se están asesinando solos.” Más allá del contexto político en el que fue pronunciada, la frase refleja una realidad que muchas veces se repite: cuando se paraliza el comercio y se interrumpe la actividad económica, el daño termina recayendo en las propias regiones.

No podemos olvidar que problemas como el incremento de los combustibles o de la energía responden a fenómenos económicos globales. El precio internacional del petróleo ha tenido variaciones importantes en los últimos años, lo que afecta a todas las economías del mundo. Ese problema no se resolverá bloqueando calles ni paralizando una ciudad.

Lo que sí se genera con esas acciones es incertidumbre, pérdida económica y una mala imagen que termina afectando al turismo y al comercio local. En algunos casos incluso se llega a situaciones lamentables como insultos a turistas, presión a comerciantes o cobros informales para permitir el paso, prácticas que dañan profundamente la convivencia social.

Mientras tanto, las autoridades parecen ausentes. La ciudadanía se pregunta con razón: ¿dónde está el alcalde para poner orden y defender a la población? ¿Dónde está el gobernador regional para asumir liderazgo en momentos de crisis?

Cuando la autoridad no actúa ni se pronuncia, el desorden termina ocupando su lugar.

Puno es una tierra de cultura, historia y trabajo. Es la capital del folclore peruano, una ciudad que vive del turismo, del comercio y del esfuerzo de su gente. No podemos permitir que intereses particulares, abusos o conflictos permanentes destruyan la economía y la convivencia de nuestra propia ciudad.

Es momento de reflexionar como sociedad. Puno necesita orden, diálogo, responsabilidad y autoridades que gobiernen. Pero también necesita ciudadanos que defiendan el derecho fundamental de trabajar, circular libremente y vivir en paz.

Porque cuando se paraliza la ciudad, no pierde el Estado. Pierden los puneños que viven del trabajo diario.

La transición energética en el Perú: potencial renovable y desafíos estructurales para la seguridad energética

Aldo Zanabria

Resumen

El Perú posee uno de los mayores potenciales de generación de energías renovables en América Latina, especialmente en energía solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica. Sin embargo, la estructura energética nacional continúa dependiendo en gran medida de los hidrocarburos, lo que plantea desafíos en términos de sostenibilidad, seguridad energética y diversificación de la matriz energética. Este artículo de opinión analiza el potencial renovable del país, las políticas públicas impulsadas por el Estado y las limitaciones estructurales que dificultan una transición energética más acelerada. Se sostiene que el aprovechamiento del potencial energético del Perú requiere una planificación estratégica que incluya infraestructura de transmisión, innovación tecnológica, eficiencia energética y fortalecimiento institucional. Asimismo, se plantea que la transición energética debe concebirse como una política de Estado orientada al desarrollo sostenible, la seguridad energética y la competitividad económica del país.

Palabras clave: transición energética, energías renovables, seguridad energética, sostenibilidad, política energética, Perú.

Introducción

En el contexto global de lucha contra el cambio climático y de búsqueda de sistemas energéticos más sostenibles, las energías renovables han adquirido un papel central en la política energética de numerosos países. En el caso del Perú, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha señalado que el país posee un amplio potencial de generación renovable que podría contribuir significativamente a la seguridad energética y al desarrollo sostenible (Ministerio de Energía y Minas, 2024). Este potencial se distribuye principalmente en energía solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica, recursos que podrían transformar la matriz energética nacional si se integran adecuadamente en la planificación del sistema eléctrico.

De acuerdo con estimaciones técnicas del sector energético, el Perú posee hasta 937 GW de potencial solar, 70 GW de hidroenergía, 20 GW de energía eólica y aproximadamente 3 GW de energía geotérmica (Ministerio de Energía y Minas, 2024). Estas cifras posicionan al país como un territorio con amplias oportunidades para impulsar la transición energética. No obstante, la estructura actual del consumo energético nacional evidencia una fuerte dependencia de los combustibles fósiles, que representan cerca del 67.5 % del consumo final de energía (Ministerio de Energía y Minas, 2023).

Esta situación plantea una contradicción estructural: mientras el país dispone de abundantes recursos renovables, su sistema energético continúa sustentándose en fuentes convencionales. En este escenario, la transición energética no solo representa una oportunidad ambiental, sino también una necesidad estratégica para fortalecer la seguridad energética y la competitividad económica del Perú.

Potencial energético renovable del Perú

El territorio peruano presenta condiciones geográficas y climáticas favorables para el desarrollo de diversas fuentes de energía renovable. La radiación solar en regiones del sur andino, como Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno, se encuentra entre las más altas de América Latina, lo que convierte al país en un escenario óptimo para el desarrollo de proyectos solares de gran escala (International Energy Agency, 2023).

De igual manera, el potencial eólico se concentra principalmente en la costa norte y sur del país, donde los regímenes de viento permiten la instalación de parques eólicos con altos factores de capacidad. En los últimos años, el crecimiento de esta tecnología ha sido notable. Según el MINEM, durante 2024 la generación eléctrica eólica aumentó en 66 % y la solar en 32 %, lo que evidencia una expansión progresiva de las energías renovables en el sistema eléctrico nacional (Ministerio de Energía y Minas, 2025).

Por otra parte, el Perú posee importantes recursos geotérmicos asociados al cinturón volcánico andino. El Plan Maestro para el Desarrollo de la Energía Geotérmica en el Perú estimó un potencial cercano a 2,860 MW, concentrado principalmente en el sur del país (JICA & INGEMMET, 2012). Esta fuente energética presenta ventajas significativas debido a su estabilidad y continuidad, características que pueden complementar la generación intermitente de la energía solar y eólica.

La eficiencia energética como pilar de la transición

El proceso de transición energética no depende únicamente de la expansión de las energías renovables, sino también del uso eficiente de los recursos energéticos disponibles. En este sentido, la eficiencia energética se ha convertido en un componente fundamental de las políticas públicas orientadas a reducir el consumo innecesario de energía y optimizar los procesos productivos.

El Plan Nacional de Eficiencia Energética del Perú (PRUEE) establece estrategias para mejorar el desempeño energético en sectores como la industria, el transporte, el comercio y el sector residencial (Ministerio de Energía y Minas, 2020). Estas medidas buscan reducir la intensidad energética de la economía y promover tecnologías más eficientes en el consumo energético.

Desde esta perspectiva, la eficiencia energética constituye una de las herramientas más económicas y rápidas para reducir emisiones, disminuir costos y mejorar la seguridad energética. Tal como señalan organismos internacionales, la energía más sostenible es aquella que no se desperdicia (International Renewable Energy Agency, 2024).

Desafíos estructurales para la transición energética

A pesar del enorme potencial renovable del país, existen diversos obstáculos que limitan el avance de la transición energética. Uno de los principales desafíos se relaciona con la infraestructura de transmisión eléctrica. Las energías renovables, especialmente aquellas ubicadas en zonas alejadas de los centros de consumo, requieren redes de transmisión robustas que permitan integrar la generación al sistema eléctrico nacional.

En este sentido, el MINEM ha anunciado la ejecución de 31 proyectos de transmisión eléctrica entre 2025 y 2026, con una inversión aproximada de 2,521 millones de dólares, los cuales beneficiarán a más de 8 millones de usuarios del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) (Ministerio de Energía y Minas, 2025).

Otro desafío importante está relacionado con la estabilidad regulatoria y la atracción de inversiones. La transición energética requiere marcos normativos claros que permitan a los inversionistas desarrollar proyectos de largo plazo con seguridad jurídica. Asimismo, es necesario fortalecer la investigación científica, la innovación tecnológica y la formación de capital humano especializado en energías renovables.

Finalmente, la transición energética debe integrarse a una visión territorial del desarrollo. Las regiones con mayor potencial renovable podrían convertirse en polos de innovación energética, generando empleo, inversión y desarrollo tecnológico en las zonas donde se implementen estos proyectos.

Conclusiones

El Perú posee uno de los mayores potenciales de energías renovables en la región, lo que representa una oportunidad estratégica para fortalecer su seguridad energética y avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible. Sin embargo, la transición energética requiere más que la disponibilidad de recursos naturales; exige planificación, inversión en infraestructura, innovación tecnológica y políticas públicas coherentes.

En este contexto, el país debe transformar su potencial energético en una ventaja competitiva real mediante la diversificación de su matriz energética, la modernización de su sistema eléctrico y la promoción de la eficiencia energética en todos los sectores de la economía. Solo a través de una estrategia integral y sostenida en el tiempo será posible consolidar una transición energética que contribuya al crecimiento económico, la sostenibilidad ambiental y el bienestar de la población.

Referencias

International Energy Agency. (2023). Peru energy profile. https://www.iea.org/countries/peru

International Renewable Energy Agency. (2024). Geopolitics of the energy transition: Energy security. https://www.irena.org/publications

JICA & INGEMMET. (2012). Plan maestro para el desarrollo de la energía geotérmica en el Perú. https://app.ingemmet.gob.pe/biblioteca/pdf/JICA-2012-FINAL.pdf

Ministerio de Energía y Minas. (2020). Plan nacional de eficiencia energética del Perú (PRUEE). https://distribucionelectrica.minem.gob.pe

Ministerio de Energía y Minas. (2023). Balance nacional de energía 2022. https://eficienciaenergetica.minem.gob.pe

Ministerio de Energía y Minas. (2024). Potencial energético renovable del Perú y transición energética. https://www.gob.pe/minem

Ministerio de Energía y Minas. (2025). Generación eléctrica eólica y solar aumentó durante el 2024. https://www.gob.pe/minem

La nueva arquitectura del trabajo en la era de la inteligencia artificial

 

El desarrollo acelerado de la inteligencia artificial (IA), particularmente de la inteligencia artificial generativa, está produciendo una transformación estructural en el mercado laboral global. Lejos de limitarse a la automatización de tareas, la IA está generando nuevas profesiones orientadas al diseño, supervisión, gobernanza y optimización de sistemas inteligentes. Este fenómeno evidencia una transición hacia una economía basada en el conocimiento algorítmico y la interacción humano–máquina, en la que la capacidad de integrar inteligencia artificial en procesos productivos se convierte en una competencia central para organizaciones, gobiernos y universidades.

Diversos organismos internacionales coinciden en que la transformación del trabajo impulsada por la IA será profunda pero no necesariamente destructiva. El Future of Jobs Report del World Economic Forum señala que, aunque ciertas tareas rutinarias serán automatizadas, emergerán nuevas ocupaciones vinculadas con análisis de datos, ingeniería de inteligencia artificial, gobernanza tecnológica y automatización avanzada (World Economic Forum, 2023). De manera similar, el Stanford AI Index Report advierte que el crecimiento de las tecnologías de IA está generando una demanda creciente de especialistas capaces de diseñar, supervisar y evaluar sistemas inteligentes en contextos organizacionales complejos (Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence, 2024). En este sentido, el mercado laboral no está desapareciendo; está reconfigurándose.

La aparición de roles como ingeniero de orquestación de IA, desarrollador de agentes inteligentes, especialista en gobernanza algorítmica o ingeniero de prompts refleja una nueva división del trabajo tecnológico. Estos perfiles responden a la necesidad de coordinar múltiples sistemas de inteligencia artificial dentro de organizaciones cada vez más digitalizadas. Según el McKinsey Global Institute, la adopción de IA generativa puede incrementar significativamente la productividad en sectores como servicios profesionales, marketing, ingeniería de software y análisis financiero, siempre que exista capital humano capacitado para integrar estas tecnologías en los flujos de trabajo empresariales (McKinsey Global Institute, 2023). Esto implica que el verdadero desafío no radica en la tecnología en sí misma, sino en la formación de profesionales capaces de gestionarla.

Uno de los cambios más significativos es el surgimiento de un nuevo paradigma en la interacción entre humanos y máquinas. La inteligencia artificial ya no se limita a actuar como herramienta pasiva; comienza a funcionar como agente colaborativo dentro de procesos productivos. Investigaciones del Massachusetts Institute of Technology han demostrado que los equipos híbridos compuestos por humanos y sistemas de IA pueden mejorar significativamente la toma de decisiones y la productividad, siempre que exista una correcta división de funciones entre la capacidad analítica de las máquinas y el juicio contextual de los seres humanos (Brynjolfsson, Li & Raymond, 2023). En este escenario, el profesional del futuro no será únicamente un programador o analista de datos, sino un orquestador de inteligencia que coordina capacidades humanas y algorítmicas.

Sin embargo, este proceso también plantea importantes desafíos éticos y regulatorios. La expansión de sistemas de IA en ámbitos como la contratación laboral, el crédito financiero o la toma de decisiones gubernamentales exige marcos robustos de gobernanza tecnológica. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advierte que la confianza pública en la inteligencia artificial depende de garantizar transparencia algorítmica, responsabilidad institucional y protección de derechos fundamentales (OECD, 2022). De ahí que estén emergiendo nuevos perfiles profesionales dedicados a la gobernanza y evaluación de riesgos de la IA, cuya función consiste en asegurar que los sistemas inteligentes operen de manera ética, legal y socialmente responsable.

En este contexto, las universidades enfrentan uno de los mayores desafíos de las últimas décadas: adaptar sus modelos educativos a un entorno tecnológico en constante evolución. Tradicionalmente, los programas académicos han estado estructurados en disciplinas relativamente estables; sin embargo, la inteligencia artificial exige enfoques interdisciplinarios que integren informática, estadística, ética tecnológica, economía digital y ciencias sociales. Estudios recientes del UNESCO Global Education Monitoring Report señalan que los sistemas educativos deben evolucionar hacia modelos de formación basados en competencias digitales avanzadas, pensamiento crítico y aprendizaje continuo, dado que los profesionales necesitarán actualizar sus habilidades a lo largo de toda su vida laboral (UNESCO, 2023).

Para América Latina, esta transformación representa tanto un riesgo como una oportunidad. La región enfrenta brechas significativas en capacidades tecnológicas, inversión en investigación y desarrollo, y formación de talento especializado. No obstante, también posee un potencial considerable para adoptar soluciones basadas en inteligencia artificial en sectores como agricultura, gestión pública, salud digital y turismo inteligente. La clave estará en promover políticas públicas orientadas a la innovación, fortalecer la educación científica y tecnológica, y fomentar ecosistemas de emprendimiento basados en datos y automatización inteligente.

En definitiva, la llamada “revolución silenciosa” de la inteligencia artificial no consiste únicamente en la introducción de nuevas herramientas tecnológicas, sino en la redefinición misma del trabajo humano. El desafío central del siglo XXI no será competir contra las máquinas, sino aprender a colaborar con ellas de manera estratégica, ética y productiva. Aquellas sociedades que comprendan esta transición y formen profesionales capaces de liderarla estarán mejor posicionadas para enfrentar los cambios económicos y sociales que traerá la economía digital.

Referencias

Brynjolfsson, E., Li, D., & Raymond, L. (2023). Generative AI at work. National Bureau of Economic Research. https://www.nber.org/papers/w31161

McKinsey Global Institute. (2023). The economic potential of generative AI: The next productivity frontier. https://www.mckinsey.com

OECD. (2022). OECD AI principles overview. Organisation for Economic Co-operation and Development. https://oecd.ai

Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence. (2024). AI Index Report 2024. Stanford University. https://aiindex.stanford.edu

UNESCO. (2023). Global education monitoring report: Technology in education. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. https://www.unesco.org

World Economic Forum. (2023). The future of jobs report 2023. https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2023/

Financiamiento internacional impulsa proyectos de agua y saneamiento en las cuencas del río Lurín y el Lago Titicaca

 

El Gobierno del Perú suscribió un contrato de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), organismo del Grupo Banco Mundial, por un monto de 200 millones de dólares, con el objetivo de financiar proyectos de ampliación y mejora de los servicios de agua potable y saneamiento en las cuencas del río Lurín (Lima) y del Lago Titicaca (Puno). La operación fue formalizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y permitirá ejecutar intervenciones a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) para reducir las brechas de acceso a servicios básicos en estas zonas del país (Ministerio de Economía y Finanzas, 2026).

Según la información oficial difundida por el MEF, el financiamiento forma parte de un programa orientado a fortalecer la seguridad hídrica y mejorar la calidad de los servicios de saneamiento mediante la construcción y modernización de infraestructura. Entre las intervenciones previstas se encuentran la ampliación de redes de agua potable, la mejora de sistemas de alcantarillado y la construcción o rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales, además de la renovación de infraestructura que actualmente presenta limitaciones técnicas u operativas (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2026).

El programa incorpora además un enfoque de economía circular, orientado a promover el tratamiento y reutilización de aguas residuales, con el objetivo de reducir la presión sobre los recursos hídricos y disminuir los impactos ambientales derivados de la contaminación de ríos y lagos. Este enfoque busca optimizar el uso del agua y fortalecer la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento en el país (Banco Mundial, 2024).

Intervención en la cuenca del Lago Titicaca

La inclusión del Lago Titicaca dentro de este programa reviste una importancia estratégica debido a los problemas ambientales y sanitarios que enfrenta la cuenca. Diversos informes técnicos han advertido que la descarga de aguas residuales sin tratamiento adecuado constituye uno de los principales factores que afectan la calidad del agua del lago.

En varias ciudades del altiplano, los sistemas de alcantarillado y tratamiento aún son insuficientes, lo que genera vertimientos que terminan contaminando ríos y afluentes que desembocan en el Titicaca. En este contexto, la mejora de la infraestructura de saneamiento se considera fundamental para reducir la contaminación y preservar este ecosistema compartido entre Perú y Bolivia (Banco Mundial, 2024).

Además de su valor ambiental, el lago tiene una gran importancia económica y cultural para la región de Puno, ya que sustenta actividades como el turismo, la pesca artesanal y diversas expresiones culturales vinculadas al patrimonio andino.

Brechas de acceso a servicios básicos

A pesar de los avances registrados en las últimas décadas, el Perú aún enfrenta importantes brechas en acceso a servicios básicos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), todavía existen miles de hogares que carecen de acceso continuo a agua potable segura o sistemas adecuados de saneamiento, especialmente en zonas rurales y altoandinas (INEI, 2023).

Estas brechas generan impactos directos en la salud pública, en la calidad ambiental y en el desarrollo económico de las comunidades. Por ello, el Estado peruano ha priorizado inversiones en infraestructura hídrica con el apoyo de organismos internacionales.

Importancia del financiamiento internacional

El préstamo del Banco Mundial forma parte de las estrategias de cooperación financiera que permiten al Estado peruano ejecutar proyectos de gran escala orientados a mejorar la infraestructura pública. Estas operaciones suelen incluir asistencia técnica, mecanismos de supervisión y estándares internacionales para la gestión de proyectos.

Especialistas en políticas públicas señalan que el impacto de estas inversiones dependerá en gran medida de la capacidad institucional del Estado para ejecutar las obras, garantizar su mantenimiento y asegurar la sostenibilidad de los servicios en el largo plazo.

En el caso específico del Lago Titicaca, diversos expertos han subrayado la necesidad de fortalecer la cooperación binacional entre Perú y Bolivia, ya que la cuenca del lago es compartida por ambos países y requiere una gestión coordinada para proteger el ecosistema.

Perspectivas

La implementación de este programa financiado por el Banco Mundial representa una oportunidad para avanzar en la reducción de las brechas históricas de agua y saneamiento en el Perú. Si las inversiones se ejecutan de manera eficiente, podrían contribuir a mejorar la salud pública, fortalecer la seguridad hídrica y preservar ecosistemas estratégicos como el Lago Titicaca.

No obstante, el éxito de estas intervenciones dependerá de la capacidad del Estado para gestionar los proyectos, coordinar con los gobiernos regionales y locales, y garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a las poblaciones que aún carecen de servicios básicos adecuados.

Referencias

Banco Mundial. (2024). Gestión sostenible del agua y saneamiento en cuencas andinas.

https://www.worldbank.org/en/topic/water

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2023). Acceso a servicios básicos en los hogares del Perú.

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/sociales

Ministerio de Economía y Finanzas. (2026). Gobierno suscribe préstamo con el Banco Mundial para mejorar acceso a agua potable y saneamiento.

https://www.gob.pe/es/n/1369001

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (2026). Gobierno asegura financiamiento para ampliar y mejorar el servicio de agua y saneamiento en las cuencas de Lurín y Titicaca.

https://www.gob.pe/institucion/vivienda/noticias/1363013-gobierno-asegura-us-200-millones-para-ampliar-y-mejorar-servicio-de-agua-y-saneamiento-en-las-cuencas-de-lurin-y-titicaca

Ruta al cerro Azoguini en riesgo a días de Semana Santa: peregrinación expone abandono y falta de planificación en Puno

 

Resumen

A pocos días del inicio de la Semana Santa, una inspección realizada por funcionarios de la Municipalidad Provincial de Puno evidenció diversas deficiencias en la ruta de peregrinación hacia el cerro Azoguini, uno de los espacios religiosos más concurridos de la ciudad durante el Viernes Santo. La presencia de residuos sólidos, el deterioro de las estaciones del Vía Crucis, la falta de señalización y el riesgo en algunos tramos del ascenso han generado preocupación entre ciudadanos y fieles que cada año participan en esta tradicional peregrinación. El presente artículo periodístico analiza la situación, contextualiza la importancia cultural y religiosa del lugar y examina los desafíos de gestión pública relacionados con el mantenimiento de este espacio emblemático.

Palabras clave: Semana Santa, Puno, cerro Azoguini, peregrinación, gestión pública.

Un recorrido religioso marcado por el abandono

La ruta hacia el cerro Azoguini, ubicada al norte de la ciudad de Puno y a más de 4 000 metros sobre el nivel del mar, constituye uno de los principales escenarios de peregrinación durante la Semana Santa. Cada año, especialmente durante el Viernes Santo, miles de fieles ascienden por el camino del Vía Crucis para participar en actos de devoción y reflexión religiosa. No obstante, a pocos días del inicio de estas actividades, autoridades municipales realizaron una inspección en el lugar que evidenció múltiples problemas de mantenimiento y seguridad.

Durante el recorrido se constató la presencia de botellas, bolsas plásticas y otros residuos sólidos acumulados en distintos puntos del camino. Asimismo, se observaron tramos con piedras sueltas y material erosionado que podrían representar un riesgo para los peregrinos que transitan por la zona. La situación resulta especialmente preocupante si se considera que el ascenso al cerro suele congregar a miles de personas en un corto periodo de tiempo.

Deterioro de infraestructura y falta de señalización

Otro de los aspectos detectados durante la inspección fue el deterioro de algunas estaciones del Vía Crucis. Varias estructuras presentan desgaste en la pintura y señales de falta de mantenimiento, lo que evidencia la ausencia de intervenciones periódicas para conservar este circuito religioso.

Además, se identificaron zonas críticas donde los peregrinos suelen tomar atajos peligrosos debido a la falta de señalización adecuada. Estas rutas improvisadas aumentan el riesgo de caídas, especialmente en tramos donde el terreno es irregular o presenta pendientes pronunciadas.

La ausencia de señalética de advertencia o de orientación constituye un problema recurrente en el lugar, considerando que durante las jornadas de peregrinación participan personas de todas las edades, incluidos adultos mayores y visitantes que desconocen el recorrido.

Comercio desordenado y congestión

La inspección municipal también alertó sobre la ocupación desordenada de espacios por parte de comerciantes informales en las inmediaciones del ingreso por Alto Puno. Durante las celebraciones religiosas es habitual la instalación de puestos de venta de alimentos, bebidas y artículos devocionales; sin embargo, la falta de regulación puede generar congestión y dificultades en la circulación de los peregrinos.

Especialistas en gestión urbana señalan que los eventos religiosos de alta convocatoria requieren planificación previa, delimitación de zonas de comercio temporal y control del flujo de visitantes para evitar accidentes y garantizar condiciones adecuadas de seguridad (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR], 2022).

Un espacio religioso con gran valor cultural

El cerro Azoguini posee una profunda relevancia religiosa y cultural para la población de Puno. Durante el Viernes Santo, miles de fieles realizan el ascenso al cerro como parte de la representación simbólica del camino de Cristo hacia el calvario. Esta práctica forma parte de la religiosidad popular del altiplano, donde las tradiciones católicas se integran con expresiones culturales locales (Flores Ochoa, 2005).

Además de su dimensión espiritual, el lugar ofrece una vista panorámica de la ciudad de Puno y del lago Titicaca, lo que lo convierte también en un punto de interés turístico. Sin embargo, el potencial turístico del cerro Azoguini no ha sido plenamente aprovechado debido a la falta de infraestructura adecuada y de un plan integral de gestión del sitio.

La necesidad de planificación preventiva

La inspección municipal realizada a pocos días de la Semana Santa pone en evidencia una problemática recurrente en la gestión de eventos masivos: la falta de planificación preventiva. Según especialistas en turismo cultural, la organización de actividades religiosas con gran afluencia de público debe incluir acciones anticipadas de mantenimiento, señalización, limpieza y control del comercio informal (Organización Mundial del Turismo, 2019).

En el caso del cerro Azoguini, la implementación de senderos seguros, señalización turística, barandas en zonas de riesgo y programas de gestión de residuos podría contribuir significativamente a mejorar las condiciones de la peregrinación.

Un desafío para la gestión del patrimonio local

La situación actual del cerro Azoguini revela la necesidad de fortalecer las políticas de gestión del patrimonio cultural y religioso en la ciudad de Puno. Espacios de alto valor simbólico, como este cerro, requieren intervenciones permanentes que garanticen su conservación y su uso seguro por parte de la población.

Mientras la Semana Santa se aproxima, la atención se centra en las acciones que puedan implementarse en los próximos días para reducir los riesgos para los peregrinos. Sin embargo, más allá de las medidas inmediatas, el desafío principal será establecer una estrategia sostenible que permita preservar este importante espacio de devoción y tradición para las futuras generaciones.

Referencias

Flores Ochoa, J. (2005). La religiosidad andina y sus expresiones culturales. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (2022). Lineamientos para el desarrollo del turismo cultural en el Perú. https://www.gob.pe/mincetur

Organización Mundial del Turismo. (2019). Tourism and culture synergies. https://www.unwto.org

UNESCO. (2014). Festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno. https://ich.unesco.org

Agencia Andina. (2024). Peregrinación al cerro Azoguini durante Semana Santa en Puno. https://andina.pe

Informalidad laboral y salario mínimo en el Perú: desafíos para la formalización empresarial

 

Uno de los problemas estructurales más persistentes de la economía peruana es el elevado nivel de informalidad laboral. Diversos estudios señalan que esta situación se explica, en gran medida, porque los costos asociados a la formalización empresarial resultan significativamente más altos que los de operar en la informalidad, particularmente para las micro y pequeñas empresas (MYPE). En ese sentido, la economista Ana Lucía del Río, investigadora del Instituto Peruano de Economía (IPE), ha advertido que este fenómeno continúa siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo del mercado laboral en el país (Instituto Peruano de Economía, 2024).

Según estimaciones recientes, alrededor de tres de cada cuatro trabajadores en el Perú se encuentran en condición de informalidad, lo que limita el acceso a derechos laborales, protección social y estabilidad económica (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2023). En este contexto, numerosos emprendedores optan por mantenerse fuera del sistema formal debido a las cargas tributarias, regulatorias y laborales que implica la formalización, las cuales incrementan considerablemente los costos operativos de las empresas. Esta situación genera un entorno donde la informalidad se convierte en una estrategia de supervivencia económica para muchas unidades productivas de baja productividad.

Asimismo, Del Río señala que propuestas de política pública como el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), si bien buscan mejorar los ingresos de los trabajadores, no necesariamente contribuyen a la generación de empleo formal si no se implementan conjuntamente con reformas estructurales que reduzcan los costos de formalización. Diversos análisis económicos sostienen que un aumento del salario mínimo puede elevar los costos laborales de las empresas, particularmente en sectores de baja productividad, lo que puede generar incentivos para evitar la contratación formal (Instituto Peruano de Economía, 2024; Hernández, 2024).

De hecho, estimaciones del Instituto Peruano de Economía indican que solo una pequeña proporción de trabajadores peruanos percibe exactamente el salario mínimo, debido a que la mayoría se encuentra en el sector informal, donde esta regulación no se aplica (Instituto Peruano de Economía, 2024). Investigaciones académicas también han demostrado que, en economías con alta informalidad, los incrementos del salario mínimo pueden generar efectos limitados sobre el bienestar laboral si no se acompañan de políticas orientadas a mejorar la productividad empresarial y reducir las barreras regulatorias (Paz Chumbes, 2026).

Ante este panorama, diversos especialistas proponen la necesidad de impulsar reformas estructurales orientadas a facilitar la formalización empresarial, entre las cuales destacan la simplificación de los regímenes tributarios para pequeñas empresas, la flexibilización de ciertos esquemas de contratación laboral y el fortalecimiento de políticas públicas destinadas a mejorar la productividad de las MYPE. Estas medidas permitirían reducir los costos de entrada al sistema formal y promover un crecimiento económico más inclusivo y sostenible en el país.

En conclusión, la reducción de la informalidad laboral en el Perú requiere una estrategia integral que combine políticas laborales, tributarias y productivas, orientadas a disminuir las barreras de formalización y a fortalecer la competitividad empresarial. Sin estas reformas complementarias, medidas aisladas como el incremento del salario mínimo podrían tener efectos limitados sobre la generación de empleo formal y el desarrollo económico del país.

Referencias

Hernández, G. (2024). Aumento del sueldo mínimo: consecuencias en la formalización y la economía peruana. RPP Noticias. https://rpp.pe/economia/economia/aumento-del-sueldo-minimo-cuales-son-las-consecuencias-en-la-formalizacion-y-la-economia-peruana-noticia-1607307

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2023). Producción y empleo informal en el Perú. https://www.inei.gob.pe

Instituto Peruano de Economía. (2024). Subir el sueldo mínimo cuando crece la informalidad. https://ipe.org.pe/subir-el-sueldo-minimo-cuando-crece-la-informalidad/

Paz Chumbes, O. (2026). Efectos del salario mínimo sobre la informalidad laboral en el Perú (2014-2024) [Tesis de licenciatura, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas]. Repositorio CONCYTEC. https://alicia.concytec.gob.pe

Congreso aprueba por insistencia aumento de pensiones a docentes jubilados, pero su aplicación aún no es definitiva

 

Lima, marzo de 2026. El Congreso de la República del Perú aprobó por insistencia una autógrafa de ley que busca garantizar una pensión equivalente a la primera escala de la Carrera Pública Magisterial para docentes jubilados y cesantes, reabriendo el debate nacional sobre justicia social y sostenibilidad fiscal.

La medida fue respaldada con 82 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones, luego de que fuera previamente observada por el Poder Ejecutivo del Perú debido a su impacto económico. La aprobación por insistencia permite al Parlamento insistir en la norma pese a las objeciones del Ejecutivo.

Según información oficial del Congreso, la propuesta establece que las pensiones se equiparen a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial, que actualmente asciende a aproximadamente S/ 3,300. De concretarse, la medida beneficiaría a más de 162,000 docentes jubilados en todo el país.

No obstante, la norma aún no cuenta con evidencia pública de haber sido promulgada y publicada en el Diario Oficial El Peruano, paso necesario para su entrada en vigencia. Por ello, especialistas advierten que su implementación efectiva dependerá de los procedimientos formales y de la disponibilidad presupuestal del Estado.

Durante el debate, se señaló que el costo fiscal de la medida podría superar los S/ 4,000 millones anuales, lo que ha generado preocupación en el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, entidad que ha reiterado la necesidad de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Mientras tanto, sectores del magisterio consideran la decisión como una reivindicación histórica, tras más de dos décadas de demandas por mejores condiciones pensionarias.

El caso evidencia una tensión recurrente en la política peruana: la necesidad de atender demandas sociales legítimas frente a las limitaciones fiscales del Estado. La definición final de esta medida marcará un precedente en la política previsional y educativa del país.