Por: Aldo Zanabria
El reciente anuncio de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) sobre la conformación de un equipo especializado para implementar el modelo de Open Finance en el Perú constituye un hito en la modernización del sistema financiero nacional. Esta iniciativa, liderada por Claudia Cánepa Silva y respaldada por el superintendente Sergio Espinosa, refleja la necesidad de responder a una economía global donde la digitalización y el acceso a la información son pilares del desarrollo.
El Open Finance, derivado del concepto de Open Banking, busca romper con la rigidez de los sistemas tradicionales para permitir la integración de productos financieros más transparentes, interoperables e inclusivos. En la práctica, esto significa que los usuarios podrán tener un mayor control sobre sus datos financieros, acceder a servicios más personalizados y, sobre todo, fomentar la competencia entre bancos, aseguradoras y fondos de pensiones. Países como Brasil, México o Chile ya han avanzado en este camino, y el Perú no puede quedarse atrás.
Sin embargo, el reto no se limita a lo técnico o a lo normativo. El éxito del Open Finance en el Perú dependerá de factores clave: la confianza ciudadana en el uso de datos personales, la capacidad de innovación del sector privado y la coordinación interinstitucional entre SBS, Banco Central de Reserva, Superintendencia del Mercado de Valores y la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. El anuncio de que la hoja de ruta contará con asistencia técnica del Banco Mundial es alentador, pero no debe hacernos olvidar que la verdadera legitimidad de este proceso se construirá con la ciudadanía.
El cronograma de dos años para implementar la fase inicial de Open Banking es ambicioso y plantea interrogantes: ¿están las entidades financieras realmente preparadas para adaptarse a estándares internacionales en tan corto tiempo? ¿se fortalecerán las capacidades regulatorias para evitar riesgos de ciberseguridad o uso indebido de datos? La innovación sin regulación efectiva podría terminar debilitando la confianza en lugar de fortalecerla.
En este contexto, el Open Finance no debe entenderse solo como una política tecnológica, sino como una apuesta social. Si se implementa correctamente, permitirá democratizar el acceso al crédito, impulsar la educación financiera y fomentar la formalización de millones de peruanos aún excluidos del sistema bancario. De lo contrario, corremos el riesgo de crear un sistema elitista que solo beneficie a quienes ya cuentan con acceso a servicios digitales.
El desafío está planteado: avanzar hacia un sistema financiero moderno, inclusivo y centrado en las personas. El Perú debe asumir esta oportunidad con visión estratégica, pero también con cautela, garantizando que cada paso en la apertura de datos financieros fortalezca la confianza ciudadana y contribuya al desarrollo económico del país.
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