Renuncia estratégica o evasión de gestión? Un análisis para proteger el interés público de Puno

 

Por: Aldo Zanabria

1) Planteamiento del problema

La eventual renuncia del alcalde provincial de Puno, Javier Ponce Roque, para postular al Senado con Ahora Nación abre un dilema público: ¿cómo blindar la continuidad de la gestión municipal y, a la vez, evitar que recursos y decisiones de corto plazo se instrumentalicen con fines electorales? El tema exige respuestas institucionales, indicadores y control social. La renuncia —si se concreta antes del 13 de octubre de 2025, plazo fijado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para autoridades que aspiren a las Elecciones Generales 2026— permitiría su candidatura, pero traslada costos de transición a la ciudad. 

2) Marco normativo mínimo para decidir bien

Sucesión municipal. Ante vacancia o renuncia, la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972) dispone que asume el primer regidor para completar el mandato; no hay elección complementaria. Este marco garantiza continuidad formal, pero no asegura calidad de gestión. 

Plazo de renuncia y reglas electorales. El JNE recordó que el 13/10/2025 vence el plazo de renuncias para postular en 2026; además, rigen exigencias de afiliación y padrones del ROP. Esto acota el calendario político y explica movimientos apresurados de autoridades. 

Reconfiguración del sistema de partidos. La eliminación de movimientos regionales (reforma en 2024) empuja a figuras locales a cobijarse en partidos nacionales, reordenando incentivos y listas. Puno no es la excepción. 

3) Hechos relevantes del caso Puno

Alineamiento partidario. Ponce Roque se afilió a “Ahora Nación” en 2024, según cobertura regional, como parte de su salto nacional. Esto muestra una estrategia de plataforma antes que una rendición de cuentas local. 

Calendario y transición. Si renuncia, el primer regidor asumirá la alcaldía. La legitimidad de resultados dependerá de planes de continuidad, control del gasto y apertura de datos en proyectos sensibles (transporte, residuos, seguridad). 

4) Riesgos técnicos para la ciudad

1. Parálisis o reprogramación de inversiones por cambio de titular y priorización política de corto plazo.

2. Asignaciones discrecionales a distritos específicos sin criterios públicos y verificables (riesgo de clientelismo).

3. Fragmentación operativa en servicios críticos (limpieza pública, tránsito, seguridad ciudadana) ante rotación de equipos.

4. Opacidad de contratos y transferencias en etapa preelectoral, cuando la presión temporal aumenta.

5) Qué debe hacer Puno (agenda mínima de salvaguardas)

A) Control y transparencia inmediata (30 días):

Publicar un “Tablero de Continuidad” con 10 proyectos prioritarios: estado físico (% de avance), financiero (devengado/comprometido), hitos y riesgos. Abrir datos en CSV/JSON y actualizar semanalmente.

Auditoría de transferencias y adendas de los últimos 6 meses mediante veeduría mixta (OCI + sociedad civil + colegios profesionales).

Regla de oro: toda reasignación > 0.5% del PIM debe sustentarse con Matriz Costo-Beneficio y Análisis Multicriterio (servicio, equidad territorial, ODS locales, mantenimiento futuro).

B) Gestión por resultados (100 días del primer regidor):

Contrato de desempeño del nuevo despacho con 6 KPI verificables: (i) recolección efectiva/ton-día, (ii) tiempo medio de atención de papeletas y semaforización crítica, (iii) m² de vía intervenida, (iv) ratio de luminarias operativas, (v) victimización trimestral (encuesta), (vi) % de ejecución de inversiones prioritarias.

Plan de choque en residuos y tránsito: micro-rutas optimizadas, horarios escalonados, sanciones efectivas y sensores mínimos (telemetría) en flota de limpieza.

Compras públicas íntegras: usar estándares de datos abiertos (OC4IDS/OCDS) y publicar todos los expedientes en un portal único.

C) Candados ante uso electoral de recursos:

Protocolo de neutralidad: toda actividad y comunicación municipal durante el periodo preelectoral deberá respetar lineamientos JNE/ONPE; publicar agenda del alcalde/encargado y topes de publicidad estatal.

Trazabilidad de transferencias: si la MPP transfiere fondos a distritos (p. ej., Ácora), debe justificar con ficha técnica, SNIP/Invierte.pe, cronograma y unidad ejecutora, con georreferenciación del beneficio para la población.

D) Participación y control social:

Comité Ciudadano de Continuidad (universidades, CIP, colegios profesionales, barrios, gremios, prensa) con sesiones quincenales y minutas públicas.

Mesa de datos con academia local para auditar series históricas y construir líneas base (basura/ton, congestión, delitos, tiempos de obra) y así medir impacto real de la transición.

6) Indicadores y metas sugeridas para Puno (2025–2026)

Residuos sólidos: -20% de puntos críticos en 180 días; cumplimiento de ruta > 95%.

Movilidad urbana: +25% de intersecciones críticas con fase semafórica reprogramada y fotomulta inteligente piloto.

Ejecución de inversión prioritaria: ≥ 85% a cierre fiscal; cero obras paralizadas > 60 días.

Seguridad ciudadana: -10% en victimización percibida (encuesta) y +30% de luminarias operativas en zonas rojas.

Transparencia: 100% de licitaciones y adendas en formato abierto y legible por máquina; API pública de proyectos.

7) Conclusión: Puno primero

El paso de una autoridad local al escenario nacional no debe dejar a Puno en pausa. La ley garantiza un reemplazo formal; pero el desafío es proteger desempeño e integridad. Con tableros de continuidad, KPI verificables, auditorías rápidas y participación real, la transición puede blindar servicios críticos y evitar el desvío de recursos con sesgo electoral.

La ciudadanía, la academia y los gremios técnicos de Puno cuentan hoy con herramientas normativas y de datos para exigir resultados medibles. La ruta responsable es clara: gestión basada en evidencia, transparencia radical y cero impunidad en el uso del presupuesto. Solo así, más allá de nombres o partidos, Puno gana.